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El Ayuntamiento aprueba el expediente de la ORA a pesar del rechazo del PP y el interventor

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El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado definitivamente la ordenanza reguladora de la ORA y el expediente de contratación de la explotación de los aparcamientos de San Martín y la plaza de la Constitución y las zonas de estacionamiento regulado, un importante contrato por importe de 14 millones de euros en 10 años.

La aprobación ha contado con la oposición frontal del PP y del interventor del Ayuntamiento, a pesar de los informes favorables del técnico de Hacienda y del secretario municipal. De hecho, al reparo inicial que había levantado intervención, tras el acalorado debate que suscitó el asunto, el propio interventor advirtió que al incluir en modificar el expediente de contratación incluyendo a última hora y “sin fiscalizar”la relación de puestos de trabajo y trabajadores a subrogar por la empresa concesionaria, el expediente corre peligro de nulidad radical. Advertencia a pesar de la cual el alcalde, Francisco Guarido, prefirió obviar y someter, finalmente, a votación su aprobación, que salió adelante con el apoyo de Ciudadanos y los dos concejales no adscritos.

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A juicio del viceportavoz popular, José Luis González Prada, quien intervino durante 30 minutos para defender el rechazo del PP a la propuesta, la fórmula de concesión y subvención para la empresa adjudicataria del contrato es un “negocio redondo para la empresa, que tendrá los ingresos garantizados, y daña gravemente a la hacienda local”, apoyándose en el informe de intervención, y la calificó como “cesión gratuita y sin motivo alguno de los párking de la ciudad a una empresa”. Asegura que se han sobrevalorado las inversiones que deberán hacerse, por 900.000 euros, y ha advertido de que el asunto puede “terminar judicializado”. Un “gran escándalo financiero” que favorece que sólo las grandes empresas, multinacionales, se hagan con el servicio. “Tenemos que proteger al Ayuntamiento de ustedes”, ha finalizado.

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En la postura opuesta, el teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, asegura que el equipo de Gobierno sólo trata de “dar solución” a un problema enquistado desde hace 12 años, con un contrato caducado que ha de liquidarse por sentencia judicial, y que además lleva 8 años “sin recaudar un céntimo en las arcas municipales” y poniendo en riesgo el futuro laboral de los trabajadores. En este sentido, prevé que la empresa adjudicataria pague un canon de 246.000 euros al año en concepto de recaudación de la ORA, y que la adjudicación conjunta con el servicio de la grúa ahorrará 4 millones a la ciudad. En contraprestación por la labor recaudatoria de estas tasas que realizará la empresa y que ingresa directamente en la cuenta municipal, recibirá una subvención equivalente al 23,81% de los tickets. Un modelo que propicia el cambio de normativa comunitaria y que utilizan ciudades como Valencia.

Además, el contrato incluye la relación de puestos y trabajadores que quedarán subrogados obligatoriamente a expensas del nuevo servicio. Un asunto que genera gran preocupación e incertidumbre entre los trabajadores, varios de los cuales siguieron con interés el desarrollo de la sesión plenaria en el salón municipal.

Otro de los puntos que generó intenso debate fue el nuevo papel que desempeñarán los controladores de la ORA, que deberán ‘denunciar’ cualquier transgresión de las normas del tráfico que observen, si bien será finalmente un agente de la Policía Municipal quien sancionará, o no, al vehículo infractor, y podrá hacerlo “telemáticamente”, sin necesidad del desplazarse al lugar, a través de las nuevas tecnologías, como ya se está haciendo “en Salamanca”, según ha explicado Fagúndez.

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Tras la adjudicación del contrato el Ayuntamiento deberá abordar “otro marrón”, la reclamación multimillonaria de la actual empresa que gestiona los estacionamientos subterráneos y que reclama el pago de la construcción de los dos párking.

Enfrentamiento entre Requejo y González Prada

Uno de los momentos más agrios del debate tuvo lugar con el ‘rifirrafe’ protagonizado por el portavoz de Ciudadanos, Antonio Requejo, y el popular González Prada, quien afeó a los concejales de la formación naranja su apoyo incondicional al equipo de gobierno para aprobar el contrato de la ORA, a pesar de haber sido rechazadas sus alegaciones. González Prada recriminó a Ciudadanos de no ser conscientes de la trascendencia del contrato, mientras Requejo acusó al PP de adoptar una actitud política que se dedica “a destruir” y rechazó de plano “actitud de sometimiento, cero, diálogo positivo, sí”. Además, dirigió sus críticas también al concejal Víctor López de la Parte, por sus declaraciones en días pasados aludiendo a la inexperiencia política de C’s.

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“Todo el mundo sabe quién fue el alcalde que promovió la estafa del edificio municipal”

El pleno del Ayuntamiento de Zamora habilitó ayer crédito por más de 600.000 euros para ‘finiquitar’ la cuenta del fallido edificio municipal, con el fin de responder al pago de los intereses a la empresa UFC a que obliga una sentencia judicial. En su aprobación se abstuvo el PP, quien además aprovechó para recordar a Guarido que su propia abstención fue necesaria en su momento en la paralización del proyecto, decisión adoptada por la anterior alcaldesa popular, Rosa Valdeón. “Usted fue partícipe”, aseguró Prada, ante lo que el alcalde defendió que lo hizo para evitar “la estaba que se iba a producir a esta ciudad” por una sobrevaloración de 24 millones de euros en el proyecto. “No se ponga en evidencia, no haga el ridículo, todo el mundo sabe quién fue el alcalde que promovión la estafa del edificio municipal”, la espetó.

Ley de la Memoria Histórica

También se aprobó, con apoyo de todos los grupos excepto del PP, que se abstuvo, la incoación de expediente para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con especial reconocimiento personal de los 43 trabajadores del Ayuntamiento que fueron ‘depurados’, y que también conllevará la retirada de los nombres de las calles de Carlos Pinilla y Alfonso Peña y de los reconocimientos que tuvieran por parte del Ayuntamiento.

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